Alertan ante la ONU y la CIDH sobre los riesgos de defender los derechos humanos en México
Organizaciones civiles y representantes de organismos internacionales advirtieron que México continúa entre los países más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos, debido a los asesinatos, desapariciones y agresiones contra activistas, así como a los elevados niveles de impunidad. El tema fue abordado este jueves durante una sesión pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Panamá a petición de más de 120 organizaciones defensoras de derechos humanos en México, en un contexto marcado por el asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, ocurrido el miércoles en Chiapas.
Durante la sesión, Saulo Loya Valenzuela, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan, señaló que las medidas implementadas por el Estado mexicano han sido insuficientes para proteger a las personas defensoras, investigar las agresiones y sancionar a los responsables. También destacó que los participantes representan a organizaciones que trabajan en distintas regiones del país y que sus testimonios buscan visibilizar los riesgos que enfrentan quienes defienden los derechos fundamentales.
Por su parte, Andrea Bolaños Vargas, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, lamentó el asesinato de Reynaldo Pérez y recordó que los Estados tienen una obligación reforzada de protección hacia este sector. Señaló que las autoridades deben prevenir los actos de violencia, investigar eficazmente los ataques y garantizar que quienes realizan esta labor puedan ejercerla en condiciones de seguridad y sin discriminación.
Las organizaciones participantes insistieron en la necesidad de fortalecer las medidas de protección y combatir la impunidad en los casos de agresiones contra personas defensoras. La sesión ante la CIDH buscó poner en evidencia la gravedad de la situación en México y reiterar la exigencia de que las autoridades garanticen condiciones seguras para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
