Sheinbaum plantea aplazar elección judicial a 2028 y propone cambios para simplificar el proceso
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para aplazar de 2027 a 2028 la próxima elección del Poder Judicial, tanto a nivel federal como en las entidades del país donde también se renovarán cargos judiciales.
La propuesta fue presentada este lunes junto a la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien explicó que el objetivo principal es evitar la complejidad operativa que implicaría realizar de manera simultánea las elecciones judiciales y los comicios intermedios de 2027, cuando también estarán en disputa gubernaturas, diputaciones federales, alcaldías y congresos locales en gran parte del país.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que el criterio principal detrás de la propuesta “no es el costo, sino la facilidad para elegir”, al señalar que la experiencia de la elección judicial de 2025 dejó dificultades importantes para la ciudadanía debido al elevado número de candidatos y a la complejidad de las boletas.
De acuerdo con lo planteado, la nueva jornada electoral judicial se llevaría a cabo el 4 de junio de 2028. En ella se elegirían cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito, además de 424 magistrados y más de 2 mil 800 jueces locales en 25 estados del país.
La iniciativa también contempla reducir el número de candidaturas para distintos cargos judiciales. Según lo expuesto por Luisa María Alcalde, las postulaciones para la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasarían de 81 a 54 aspirantes; las del Tribunal de Disciplina Judicial disminuirían de 45 a 30; y las del Tribunal Electoral bajarían de 63 a 42 candidaturas.
Otro de los cambios relevantes sería la modificación de las boletas electorales para hacerlas más sencillas y comprensibles. La propuesta plantea que la ciudadanía vote por jueces y magistrados según especialidad, diferenciando además qué candidaturas son impulsadas por cada Poder del Estado y cuáles corresponden a juzgadores que buscan reelegirse.
Además, se prevé crear una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el fin de homologar criterios, verificar requisitos y aplicar evaluaciones de conocimientos a los aspirantes.
El planteamiento surge luego de que la primera elección judicial realizada en México durante 2025 registrara una participación cercana al 13 por ciento, además de críticas relacionadas con la dificultad para identificar perfiles y entender el sistema de votación implementado en las boletas.
